Gobernador a Defensor del Pueblo: Los huilenses deben ser compensados por El Quimbo
El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, ratificó ayer ante el defensor nacional del Pueblo (e), Alfonso Cajiao Cabrera, la unidad del pueblo huilense en torno a su disposición de evitar la construcción de nuevas represas generadoras de energía y en la exigencia del cumplimiento de las compensaciones por los efectos negativos que ha traído la Hidroeléctrica El Quimbo para la región.
En reunión que el mandatario sostuvo con el alto funcionario este viernes, le expresó que todos los sectores vivos de la región -incluyendo algunos que respaldaron la construcción de la hidroeléctrica en el centro del Huila- ahora se sienten defraudados y exigen el cumplimiento de los términos en que fue licenciado el proyecto en 2009.
Tras calificar como “muy importante” la visita del Defensor Nacional del Pueblo y la presencia de entidades como la Procuraduría en el Huila, autoridades locales y movimientos ambientales que han estado en la defensa del territorio, el mandatario insistió en que la posición de los huilenses es de no más centrales hidroeléctricas por los daños ambientales, sociales, humanos y productivos que han causado a la región.
De tal forma, reiteró en la necesidad de actuar como una sola fuerza “en la búsqueda de lograr la recuperación productiva, humana y social de las regiones afectadas que, para el caso, no son sólo los seis municipios del área de influencia de la construcción de la central hidroeléctrica de El Quimbo, sino todo el departamento del Huila”.
González Villa, sin embargo, destacó la necesidad de un acompañamiento nacional en la búsqueda de soluciones concretas en el cumplimiento de las obligaciones de la multinacional Emgesa, constructora y operadora de El Quimbo, “con el departamento del Huila y sus habitantes”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo precisó que como autoridad del orden nacional y órgano de control vino al Huila, “en condición de neutralidad”, a verificar en terreno específicamente cómo han evolucionado los temas relacionados con la licencia ambiental y las obras.
En ese sentido, manifestó que sólo luego de verificar en terreno los argumentos de las partes involucradas en torno al proyecto hidroeléctrico, emitirá un pronunciamiento a nombre de la entidad al respecto, pues “es de la mayor importancia la problemática de El Quimbo para la alta Dirección de los Derechos Humanos, para la Defensoría del Pueblo”.
Dicho pronunciamiento se daría entre tres y cuatro semanas, cuando se concluyan las verificaciones sobre las pruebas que se practicarán y se haya escuchado a todos los concernidos, dijo.
“Es un proceso que ya alcanza un par de lustros y tiene unas implicaciones técnicas, jurídicas y sociales muy importantes que tenemos que verificar en detalle. El asunto lo conocemos; hemos participado inclusive judicialmente en esto, pero el asunto es qué hay en este momento -material y particularmente- en cada una de estas circunstancias”.
Fecha de publicación 13/02/2016
Última modificación 13/02/2016