Estricto control a los nuevos operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento, anunció en tono contundente la secretaria de Educación del Huila, María del Carmen Jiménez.

“Reunimos a los operadores seleccionados a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, para explicarles los controles que desde esta dependencia vamos a adelantar. Tenemos claro que deben cumplir con todos los parámetros estipulados dentro de las minutas que se han elaborado para la alimentación de los estudiantes”, explicó Jiménez.

La funcionaria recalcó que no van a tolerar una sola queja por parte de las comunidades educativas en la mala prestación del servicio.

“Si ganaron, deben tener la idoneidad y el músculo financiero para que no tengan después argumentos de que dejaron de prestar el servicio, como ocurrió en la operación pasada”, agregó la secretaria de Educación.

La Gobernación del Huila tramitó la adjudicación del PAE a través del proceso que desarrolla la Bolsa Mercantil de Colombia en rueda de negocios en el Mercado de Compras Públicas, que ofrece transparencia en la selección de los operadores e introduce severos controles en el manejo de los contratos.

Se trata de un procedimiento regulado en la Ley 1150 de 2007, que modificó la Ley 80 de 1993, y que está previsto en la legislación para la contratación que hacen las entidades públicas.

El servicio se ofrecerá en tres zonas, con un valor total de 14.622 millones 79.327 pesos.

El inicio de la prestación del servicio será el martes 4 de octubre, y se extenderá hasta el 25 de noviembre de 2016, de conformidad con el calendario escolar.

Sanciones

Al igual que en los contratos pasados, quedó estipulada la ejecución plena del contrato en las condiciones en las cuales se previó, al establecer que, si hay algún incumplimiento, el Departamento pueda solicitar a la Bolsa Mercantil que le descuente parte de los recursos que dejó el operador como garantía de que iba a cumplir con la prestación del servicio.

De hecho, en los pasados contratos, los tres operadores fueron sancionados por incumplimientos con multas o descuentos por más de 145 millones de pesos en total.