·         Con un 98,8 por ciento fue calificada la gestión realizada por el Gobierno Departamental en atención a las víctimas del conflicto armado gracias a la correcta aplicación de la Política Pública para esta población.

Con una calificación casi perfecta, el Huila fue reconocido por el Gobierno Nacional como una de las regiones donde más se gestiona y se cumple de manera eficiente la política pública para las víctimas del conflicto armado.

En efecto, el porcentaje de desempeño de la estrategia que brinda apoyo a las más de 190.000 víctimas registradas en el departamento llegó a 98.8 puntos, lo que lo ubica en un nivel catalogado como Alto.

Edna Johanna Cruz Bonilla, directora de la Oficina de Atención a Víctimas y Derechos Humanos del Huila, ente adscrito a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, explicó que el logro obedece al trabajo constante y articulado, que no solamente se puede evidenciar en el cumplimiento de procesos y procedimientos institucionales, sino en una contribución real al bienestar de las víctimas del departamento.

“Podemos decir que el Gobierno Nacional, a través del RUSICST, nos ha dicho que el trabajo se hizo juiciosamente, que hemos dado respuesta a todas las medidas que al Departamento le compete asumir en la política pública de víctimas”, explicó Cruz Bonilla.

El RUSICST, o Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado, es precisamente la herramienta que desde el Gobierno central mide a los Departamentos en la ejecución de la política en favor de los afectados por la violencia del conflicto.

Acciones constantes

Cruz Bonilla precisó que la medición que llevó a este resultado favorable corresponde a las actividades y gestiones del periodo 2016. Y aunque las acciones de 2017 apenas están siendo totalizadas, se espera resultados igualmente favorables.

Recordó que durante 2016 se estructuraron proyectos de envergadura para el componente de generación de ingresos, entre ellos, uno que se proyectó y formuló ese año pero fue ejecutado en 2017. Se trata de la entrega de 81 unidades productivas financiadas con recursos propios del Departamento.

“Nosotros no esperamos, en 2016, a la firma del convenio macro, sino que hicimos nuestros propios proyectos”, dijo sobre el particular la encargada de la Oficina de Víctimas de la Gobernación.

En ese periodo la dependencia también desarrolló una labor integral que abarca ítems como generación de espacios de reconciliación, trabajo con niños, prevención del reclutamiento forzado, apoyo psicosocial, ayuda humanitaria inmediata, auxilio funerario y asistencia técnica a las víctimas de los 37 municipios del departamento, entre otros de igual importancia.

A esto se suma el trabajo interinstitucional y articulado con los alcaldes y las secretarías de Educación, Salud y de Agricultura, entre otras; o entidades como Fonvihuila y otras dependencias del Gobierno Departamental.