En una fase de intensa preparación de la audiencia pública para revisar los conflictos que ocasionó la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, entró el trabajo de la Mesa Temática para la Verificación, Promoción, Conservación y Discusión de la Protección del Medio Ambiente, Agua y Territorio.

La Mesa, creada e instalada por el gobernador Carlos Julio González Villa a través del Decreto 0489, definió –junto ala Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla-, el desarrollo de la audiencia, prevista para septiembre venidero en Garzón.

Las decisiones de preparación de la Audiencia se adoptaron este martes en el marco de una nueva sesión de la Mesa, que revisó el trabajo de una comisión de la Gobernación del Huila y la Anla, y que visitó a comunidades afectadas por El Quimbo en seis municipios del centro y occidente del departamento.

“Rendido el informe de las actividades en los seis municipios del área de influencia directa de El Quimbo, y en Íquira, Yaguará, Campoalegre y Hobo, se ha tomado la decisión de conformar siete equipos técnicos de trabajo, encaminados a preparar todas las pruebas en torno al incumplimiento de Emgesa en las compensaciones a las comunidades”, refirió Javier Roa Salazar, asesor de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila.

“Subjetivamente la Anla ha determinado que algunas cosas ya están cumplidas cuando no lo están. Esta será la gran labor de estos comités técnicos y del Departamento, para demostrar que no se han cumplido las compensaciones, y para que la Anla tome las decisiones pertinentes”, agregó Roa Salazar.

Entres el 15 y el 20 de agosto próximo, además, se realizarán seis reuniones informativas para conocer –de mano de las comunidades afectadas y de sus autoridades-, los argumentos centrales de los incumplimientos de las compensaciones.

El asesor reafirmó que hay situaciones evidentes en las que no hay cumplimiento de las acciones a las que se obligó Emgesa, y que van desde asuntos como la calidad del agua con niveles de oxígeno más bajos a los que corresponden, pasando por conflictos sociales, perjuicios en la economía regional e impactos ambientales, hasta fallas protuberantes en la construcción de obras de infraestructura.