La inversión en las plantas municipales no incluidas en el plan tendría que ser privada exclusivamente. se anunció la realización de foros en el marco del cual se continúe analizando la situación que viene afectando al sector y una posible movilización hacia Bogotá. al interior de la Asamblea Departamental se propuso también una flexibilización de la política, de forma que no se cierren las plantas, sino que se inviertan recursos en esos el fortalecimiento de las mismas.

En el marco de la sesión citada por la Asamblea Departamental para discutir la situación de las plantas de sacrificio animal que dejarán de funcionar a partir del año 2012, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1500, el cual determina las condiciones necesarias para lograr un adecuado sacrificio de ganado bovino, porcino y bufalino, el secretario de Agricultura y Minería recordó que en respuesta a la normatividad nacional, las plantas que no quedaron incluidas en el plan de regionalización no recibirán recursos del Estado.

“El Decreto 1500 establece que las plantas de beneficio animal deben ser autosostenibles y cumplir con unos parámetros higiénicos y sanitarios de estándares internacionales y el Huila sólo da para 3 plantas –Ceagrodex en Rivera, una nueva en Garzón y otra en Pitalito-. Por volúmenes, economías de escala y capacidad de procesamiento para los mercados que van a atender, serían las únicas plantas que podrían ser rentables al nuevo esquema sanitario y normativo que exige el Decreto 1500. A partir del 2012 serán las únicas plantas que podrán recibir inversión pública del Estado –nacional, municipal o departamental- para adecuarlas”, indicó.

El funcionario, quien recordó que el Departamento no estableció la normatividad, expresó que como entidad pública le corresponde cumplir con las políticas y directrices impartidas desde el alto gobierno.
 

“Esto es una normativa nacional. Nosotros como Gobierno Departamental hemos venido cumpliendo, hasta ahí podemos llegar. Nosotros no fuimos los que creamos la norma, no determinamos el Decreto 1500 y como funcionarios públicos tenemos que cumplir las resoluciones que se desprenden del Decreto”, agregó.

Se busca cumplir con normas internacionales
Macías Arango manifestó que los antecedentes de la norma y la proyección de la misma están orientados al cumplimiento de normas internacionales sobre la prospectiva de querer exportar carne a otros países y cumplir la reglamentación sanitaria e higiénica del país.

Recordó que como parte del proceso se han hecho los estudios y los planes que pueden ser consultados por quienes lo consideren pertinentes, siendo el Invima el encargado de definir si las plantas cumplen o no con lo establecido en la normatividad.

La inversión puede ser privada
Durante la jornada se recordó que en el plan gradual de cumplimiento, el cual vence en el 2012 existen 26 plantas inscritas por el Huila; sin embargo, tan sólo las incluidas en el plan de regionalización podrían obtener recursos del Estado, sin embargo, esto no impide que se puedan construir plantas de sacrificio con dineros privados exclusivamente.

“Si un municipio inmerso dentro del plan gradual de cumplimiento tiene una planta y consiguen inversión privada para terminar de desarrollarla, de forma que a partir del año 2012 cumpla con lo establecido en el Decreto 1500 puede hacerlo. Lo que limita este plan de racionalización es la inversión pública. A partir del año 2013 todas las plantas se regirán exclusivamente por el Decreto 1.500”, expresó.

Se continuará prestando asesoría
El funcionario indicó que se continuará acompañando y asesorando a las administraciones municipales y las asociaciones de ganaderos para consolidar este proceso que busca preparar al país para la puesta en marcha de nuevos tratados de libre comercio y el cumplimiento de la normatividad sanitaria existente tanto nacional como internacionalmente.

Propuestas
La preocupación de los diputados radica en el hecho que el cierre de las plantas de sacrificio dejaría a cerca de 600 familias sin su fuente de ingreso; así como el posible incremento de los costos del ganado y la carne que compra el consumidor.

“Cualquier decisión administrativa que acabe fuentes de ingreso en el Departamento es un atentado contra la seguridad pública en la región. Son cerca de 5 mil personas que van a quedar en la calle y es muy posible que se convierta en un problema de orden público”, indicó el diputado Dilberto Trujillo.

Se anunció la realización de foros en el marco del cual se continúe analizando la situación que viene afectando al sector y una posible movilización hacia Bogotá.

Se planteó de igual forma que la política en torno a este sector beneficiará a unos pocos que tienen recursos económicos, perjudicando a los más pequeños.

Al interior de la Asamblea Departamental se propuso también una flexibilización de la política, de forma que no se cierren las plantas, sino que se inviertan recursos en esos el fortalecimiento de las mismas.

En la jornada estuvieron presentes los alcaldes de Algeciras y Palermo, integrantes de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, de las plantas de beneficio animal existentes, del Invima y la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, entre otros.